HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN URUGUAY – PARTE I

En la Edición Nº4 (Setiembre/2007) de la Revista LA PLUMA, órgano oficial de nuestro Círculo, noticiamos que la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley sobre el funcionamiento de las radios comunitarias, el que contó con los votos de los Diputados Frenteamplistas y con el respaldo de los Blancos sólo en el primer capítulo. 

Decíamos que es el primer paso para que en el transcurso de este año (2007) sea sancionada la ley que legalizaría el funcionamiento de las radios comunitarias, aunque ya ahora estamos sobre fin de año y aún no han trascendido novedades de importancia en su estudio por parte de la Cámara de Senadores.
 

No vamos a entrar en especulaciones sobre lo que pueda suceder en los días que quedan del 2007 y sobre la conveniencia de que la ley entre a regir a partir del 1º de enero próximo.

Sí, continuaremos comentando el proyecto de ley que se organiza en cuatro capítulos: Principios Generales, Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y Disposiciones Finales Transitorias.

En el Capítulo I se establecen los principios generales que orientan el espíritu de la ley y otorgan el marco para su interpretación e implementación. El Capítulo II define el Servicio de Radiodifusión Comunitaria, las finalidades que orientan su accionar, quiénes serán sus titulares y los procedimientos y criterios para la asignación de las frecuencias. Complementariamente, se define el uso de frecuencias para uso experimental de carácter comunitario. Además, se establecen las condiciones de uso, definiendo plazos para las asignaciones, los mecanismos de sustentabilidad económica que tendrán derecho a ejercer, así como las limitaciones a su uso (intransferibilidad, reinversión de los recursos y causales de revocatoria). Se establece asimismo, una reserva de espectro para la radiodifusión comunitaria.

En el Capítulo III se crea un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria con participación ciudadana, el cual tendrá carácter consultivo y deberá ser convocado en forma preceptiva u obligatoria por la URSEC. El Capítulo IV incluye las disposiciones transitorias, dentro de lo cual se establecen plazos para su reglamentación y define los procedimientos para la regularización de las radios comunitarias que trasmiten actualmente en situación irregular.

En la exposición de motivos se fundamenta que mediante este proyecto de ley se procura garantizar  la libertad de expresión a través de los Medios Comunitarios de Radiodifusión, con el objetivo de plasmar en el ámbito jurídico nacional un marco normativo básico y necesario, para garantizar y hacer efectivo el derecho de los habitantes y las organizaciones sociales a la libertad de expresión.

Este proyecto es una contribución a la democratización de la comunicación en condiciones de igualdad y no discriminación, a través del reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, no solo con el fin de regularizar situaciones de hecho, sino con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a vastos sectores de la sociedad uruguaya, en la actualidad y en un futuro.

UN TERCER MODELO DE RADIODIFUSIÓN

Nuestra legislación reconoce el derecho de todo habitante de la República a fundar un medio de comunicación, garantizado por la Ley Nº 16.099 o Ley de Prensa, los artículos 29 y 72 de la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país y vigente con fuerza de ley del derecho interno.

Sin embargo, si se hace un rápido repaso del actual mapa comunicacional uruguayo, nos encontraremos con que más allá de la cantidad de medios, en su gran mayoría son emisoras comerciales con fines de lucro, existe una concentración de la propiedad de los mismos (más importante en televisión), una fuerte centralización de los contenidos y agendas informativas desde la capital.

Eso pauta una diferencia con la mayoría de los países de la región y el mundo, y con el debido respeto a la diversidad de propiedades en los medios, entendido como un valor democrático en cualquier democracia moderna.

En Uruguay no existen radios y TV gestionadas por grupos sociales, vecinales, sindicales, gremiales o cooperativos. Tampoco hay radios de institutos educativos, municipales o de organizaciones de la prensa. Sólo en 2007 comenzó a funcionar un medio de comunicación de la UDELAR. El desbalance hacia una radiodifusión comercial es tan notorio como equivocado, porque en el derecho comparado es común la coexistencia de tres modelos de radiodifusión: el estatal, el comercial y el comunitario.

En Uruguay es necesario implementar una política pública de comunicaciones que devuelva el equilibrio a este sistema y con ello enriquezca democráticamente el uso del espectro radioeléctrico, dando cumplimiento a los principios de gestión establecidos en nuestra normativa, que establecen los objetivos de “promover el uso del espectro radioeléctrico como factor de desarrollo económico y social” y “propiciar el acceso equitativo a los recursos radioeléctricos, mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios” (Decreto 114/003 de administración y control del espectro).

Este proyecto de ley busca estimular la creación de un sector sin fines de lucro y con fines sociales, reequilibrar los sectores de la radiodifusión en Uruguay y evitar que el acceso a esas frecuencias (y por tanto a expresarse e informarse o no) dependa de políticas arbitrarias del gobierno de turno. Políticas que erradiquen el clientelismo y el amiguismo, y le resten transparencia al ejercicio y uso privado de los medios.

Lo antedicho forma parte de la exposición de motivos que fundamenta  el proyecto de ley de utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión a estudio del Senado, que continuaremos comentando en una próxima edición.

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